Gestión del agua, energía, educación y política del Estado

Publicado originalmente en El Quinto Poder.

Anoche, en Tolerancia Cero, Fernando Paulsen hizo una pregunta cuya respuesta quedó en el aire, sin respuesta. Su cuestionamiento era sobre por qué la mayoría de los sectores productivos, cuando se pretende regularlos, señalan que se requiere más educación para que la gente decida informadamente (por ejemplo, caso Mañalich y proyecto “Súper 8”), pero en el caso del sector energético (por ejemplo, HidroAysén y sus campañas publicitarias a favor), en vez de exigir educación, se utiliza el recurso del miedo, mostrando que si no se hace A, entonces ocurrirá B.

Tratando de responder esa pregunta, lo siguiente corresponde a algunos extractos del informe “Auditoría Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas” (2010) en el cual participé.

A modo de introducción, la Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas (ENGICH) surgió dada la necesidad de Chile de ingresar a la OCDE, y fue elaborada por un Comité Interministerial, conformado el año 2006, y aprobada el año 2007, en el gobierno de Bachelet.

Cuando se habla de gestión integrada de cuencas hidrográficas (GICH) o de recursos hídricos (GIRH) no se hace referencia a un concepto único y claramente definido (GWP, 2000), sino a una filosofía surgida de la conciencia de las relaciones que existen en una unidad que llamaremos “de desarrollo”. Así como no existe un concepto único de GICH, tampoco lo existe para dichas “unidades de desarrollo”.

Mirado desde el punto de vista del agua, la unidad de desarrollo ampliamente consensuada es la denominada cuenca hidrográfica, unidad básica del sistema natural (GWP, 2000; Dourojeanni et al., 2002), sin hacer a priori consideraciones de tamaños, de tipos de actividades económicas, sociales, políticas ni de ninguna clase desarrolladas al interior de esta unidad.

La Global Water Partnership (2000) recomienda utilizar los principios de Dublín como guía para la GIRH, ya que son el resultado de un cuidadoso proceso de consulta internacional que culminó en 1992 en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, realizada en Dublín y que contribuyeron significativamente a la Agenda 21, adoptada en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro. Estos principios son (GWP, 2000):

1. El agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medioambiente.
2. El desarrollo y manejo de agua debe estar basado en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de política a todo nivel.
3. La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua.
4. El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y debiera ser reconocido como un bien económico.

De estos principios, no obstante, la discusión permanece hasta el día de hoy en el cuarto principio, a saber, que el agua debe ser tratada como un "bien económico". Sin embargo, tal discusión no se trata acerca del principio mismo, ya que el agua es ciertamente un bien económico en la mayoría de los casos, sino que es necesario el cuestionamiento fundado acerca de si debe ser tratado puramente como un bien privado, que puede ser dejado razonablemente a la fuerza del mercado, o como un bien público que requiere cierta gestión adicional al mercado para servir efectiva y eficientemente a los objetivos de la sociedad, es decir, el cuestionamiento básico gira en torno a qué clase de bien económico es el agua (Perry et al., 1997). En Chile, la constitución de 1980 crea una nueva institucionalidad basada en la ampliación y fortalecimiento de los derechos de propiedad, con un enfoque neoliberal en el manejo del agua, la cual es tratada como un bien económico privado que puede ser libremente transado y sin restricciones de un uso específico y/o beneficioso (Meza, 2009), es decir, el agua no solo es tratada como un bien privado, sino como un producto completamente comerciable (Bauer, 2005).

De acuerdo a Iza & Stein (2009), crear la capacidad de gestión de los recursos hídricos es un proceso que depende del correcto y balanceado desarrollo que logre cada país en sus políticas, leyes e instituciones. Sin una política clara es difícil desarrollar un sistema de leyes coherente. A su vez, sin esta estructura legal coherente, las instituciones no saben como operar. Finalmente, sin una institucionalidad efectiva, la aplicación y cumplimiento de las leyes tenderá a ser laxo.

Como podemos ver en nuestras leyes e instituciones, la mayor coherencia se encuentra en las políticas pro-mercado.

Quizás uno de elementos más esenciales y, a la vez, más difíciles de abordar, es el relacionado con la transparencia que se requiere para la adecuada gestión de los recursos hídricos. Se trata de un concepto bastante amplio que requiere ser definido correctamente y que puede ser extrapolado a cualquier recurso que se requiera gestionar.

Desde el punto de vista ambiental, donde el agua es un componente elemental, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera este punto como uno de los más importantes a ser corregidos por Chile. Algunas de las recomendaciones realizadas por este organismo son las siguientes (OCDE, 2005):

• En lo relativo a la información ambiental, se deben consolidar y regularizar las labores relativas a los datos ambientales, los informes de medio ambiente y los indicadores ambientales. Se debe dar continuidad al desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) para integrar la información sectorial, mejorar la calidad de la información ambiental física e incluir información económica sobre el medio ambiente (gasto en medio ambiente, empleo en el sector ambiental, precios del agua, entre otros).
• Fortalecer la educación y conciencia ambientales con una estrategia de aprendizaje ambiental de largo plazo y un plan nacional de educación ambiental que incluya: i) integrar más aún las materias ambientales en los planes de estudios de las escuelas primaria y secundaria, y ii) desarrollar el conocimiento ambiental mediante asociaciones profesionales, así como los sistemas de manejo ambiental en las empresas.

Como se puede ver, es evidente el nexo de estas recomendaciones con el tema de la transparencia a la sociedad civil. Como se ha referido por varios autores, el camino hacia un sistema de GIRH involucra un aprendizaje social (Lord & Israel, 1996; Lankford et al., 2007, Pahl-Wostl, 2008) sin el cual no es posible avanzar efectivamente en esta materia. La educación se convierte, por lo tanto, en un instrumento que pocas veces es considerado efectivamente como camino hacia la creación de un sistema de GIRH efectivo.

Lamentablemente, en Chile la Constitución y todo lo que deriva de ella tiene puesto el foco en el mercado. Si volvemos a la pregunta de Paulsen, el patrón es evidente: el foco del gobierno es privilegiar la inversión y el crecimiento económico, por lo cual solo se propone la educación cuando esta no interfiere drásticamente con los privados. ¿Podemos pensar que el sector energético estaría de acuerdo con programas educacionales e incentivos económicos para disminuir el consumo de energía, como es el caso de California? La respuesta es probablemente NO.

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